Temari de proves selectives 2024-2025 386 a) Depósito de dinero o valores públicos. b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria. Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. Resolución: Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido. Tratándose de actos dictados por delegación, y salvo que en esta se diga otra cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado. El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, y siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido, dejará de devengarse el interés de demora. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso. LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Se encuentran reguladas en los artículos 226 a 248 LGT. Naturaleza: la reclamación económico-administrativa es un recurso administrativo cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos administrativos de contenido económico regulados por el Derecho financiero. Materias impugnables (art. 226 LGT y DA11): Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las siguientes materias: • La aplicación de los tributos del Estado o los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la AGE y entidades de Derecho público vinculadas. • Los actos recaudatorios de la AEAT relativos a ingresos de Derecho público del Estado y de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la AGE. • El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos de los ministerios de Hacienda y de Economía.
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