Temari de proves selectives 2024-2025 66 • Las dos partes obtienen beneficios, dado que los aspectos que se satisfacen son tanto de índole económica como social. • El operador privado asume en este tipo de relaciones la ejecución de un número mayor de funciones o actividades que las que afronta en otros modelos de provisión de infraestructuras y de servicios públicos a través de otras categorías de contrato, por lo que asume más riesgos. El socio público se concentra esencialmente en definir los objetos del interés público, la calidad de los servicios propuestos y la política de precios y control de cumplimiento de dichos objetivos. El operador privado suele asumir un importante protagonismo, participando en el diseño, realización, ejecución y financiación del proyecto. Este nuevo reparto de riesgos y la asunción por parte del concesionario del riesgo operacional no suponen en modo alguno que el operador privado asuma todos los riesgos derivados de la operación, ni siquiera la mayor parte de ellos. El reparto preciso de los riesgos se realiza caso por caso, en función de las capacidades respectivas de las partes en cuestión para evaluarlos, controlarlos y gestionarlos. • La financiación del proyecto suele articularse a través de una compleja organización entre diversos participantes. La financiación de estas operaciones no es asumida íntegramente por los contratistas promotores, ya que los fondos propios que habitualmente aportan no superan el 20 o 30% del coste total del proyecto. A partir de ahí, el resto de recursos económicos precisos se obtiene del mercado de capitales y de las entidades financieras, pudiendo completarse, sobre todo, si no es excesivo, con la rentabilidad asociada al proyecto con un volumen más o menos elevado de financiación pública a través de subvenciones, anticipos reintegrables, avales, seguros de cambio, garantías, aportaciones de capital, préstamos subordinados, cláusulas de rescisión, etc. Eso sí, respetando siempre la traslación del riesgo operacional al concesionario. • La remuneración del sector privado puede tener distintos orígenes. Así, puede provenir de los usuarios de las infraestructuras o perceptores de los servicios que gestiona o incluso de la propia Administración, a través de distintas vías y siempre de acuerdo con la actividad desempeñada. Con independencia de la forma en que se articule, la remuneración se basará, principalmente, en la técnica conocida como “Project Finance” o financiación por el propio proyecto. Ello presupone que los flujos de caja generados por la explotación de las infraestructuras o servicios objeto del contrato serán suficientes para sufragar el grueso de la remuneración del contratista privado. • Cada una de las partes asume el grupo de tareas respecto de las que, en principio, dispone de una ventaja comparativa, con el propósito de conseguir la mayor eficiencia posible. • Cada parte ejecuta aquellas actuaciones respecto de las que tiene una mayor capacitación con el fin de lograr un mejor resultado al mismo coste o los mismos resultados a un menor coste. • Los acuerdos que se alcancen deben perfilar suficientemente el reparto de responsabilidades entre las partes, así como los costes y riesgos implicados y a quién corresponde su gestión. Y ello en orden a determinar si la participación en esta forma de la iniciativa privada ofrece value for money, es decir, si resulta más eficiente, pese al mayor coste que seguramente supondrá la ejecución del proyecto por esta vía, que cualquier otra alternativa. Finalmente, contextualizando la aparición de fórmulas CPP en el ámbito de la Administración local, hay que decir que, a partir de la crisis económica financiera del año 2008 y de la abrupta disminución de los ingresos derivados de la actividad urbanística, a lo que se unió la prohibición para los ayuntamientos de acudir al crédito público para financiar sus inversiones, los entes locales se vieron abocados a la adopción de múltiples medidas. De ahí que se considere la posibilidad de integrar en la actividad prestacional de las entidades locales los modelos CPP y se piense en fórmulas CPP como instrumentos con los que las EELL pueden mantener el nivel de calidad en la prestación de servicios e incrementar su eficiencia.
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