Temari de proves selectives 2024-2025 109 Este principio, sin embargo, no impide la existencia de cuatro órdenes jurisdiccionales que resuelven conflictos jurídicos en función del tipo (del contenido material) de conflicto que se plantea. Así, el orden civil se encarga de los pleitos surgidos en el marco del Derecho privado, es decir, de las relaciones reguladas por el Derecho Civil o el Derecho Mercantil; el orden penal es el competente para resolver los procesos sobre delitos y faltas; el orden contencioso-administrativo se encarga de las controversias en las que está implicada la Administración Pública cuando actúa como tal, y, finalmente, el orden social resuelve conflictos que se suscitan en el marco de las relaciones laborales. e) Principio de participación popular en la Administración de Justicia Se encuentra conectado con el origen popular de la justicia. El artículo 117.1 CE establece que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey”, precepto que enlaza con el artículo 1.2 CE: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” Este origen popular de la justicia tiene otras manifestaciones: • Libre acceso a los tribunales, o “derecho a la jurisdicción” (art. 122.1 CE). • Posibilidad de ejercer la acción popular por parte de los ciudadanos (art. 125 CE) • Cualquier ciudadano puede intervenir en causas por delitos públicos. En el ámbito administrativo, esta acción pública está prevista en varias leyes sectoriales (acción pública para la protección de la legalidad urbanística), que constituyen excepción a la necesidad de demostrar un derecho o un interés legítimo para ejercer la acción judicial. • Participación en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. • Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y respecto de aquellos procesos penales que la ley determine. En cumplimiento de este principio se promulgó la LTjur. f) Principio de gratuidad El artículo 119 CE establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL El artículo 122 CE dispone que la LOPJ determinará la CE, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales, el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el Estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. En cumplimiento de este mandamiento constitucional se aprobó la LOPJ, que regula el Poder Judicial desde una óptica de Estado Democrático y de Derecho. Las grandes líneas de la ley, estructurada en siete libros, se hallan en el título preliminar, que consagra los principios constitucionales en los que se enmarca el Poder Judicial.
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