Temari de proves selectives 2024- 2025 110 El primero de ellos es el principio de independencia judicial, que se extiende ante todos, incluidos los propios órganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los mismos jueces o tribunales corrijan, si no es por razón del recurso que legalmente proceda, la actuación de sus inferiores. De igual forma, se excluye la posibilidad de emitir circulares o instrucciones con carácter general relativas a la aplicación o la interpretación de la ley. La independencia deberá ser valorada con el carácter de totalidad con el que la ley dota a la potestad jurisdiccional, ya que los tribunales controlan sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, de modo que ninguna actuación del Poder Ejecutivo quedará excluida del ámbito de fiscalización de un poder independiente y sometido únicamente al imperio de la ley. Los cuatro primeros libros de la LOPJ regulan todo lo relativo a la organización, gobierno y régimen de los órganos que integran el Poder Judicial. Así, se establece que el Estado se organiza territorialmente, en términos judiciales, en municipios, partidos judiciales, provincias y CCAA, sobre los cuales ejercen potestad jurisdiccional, respectivamente, los juzgados de paz; los juzgados de primera instancia e instrucción, los juzgados de lo mercantil, de lo penal, de violencia sobre la mujer, contenciosos-administrativos, sociales, de vigilancia penitenciaria y de menores; las audiencias provinciales, y los tribunales superiores de justicia. En el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional sobre todo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la CE crea el Consejo General del Poder Judicial, al cual encarga su gobierno, y remite a una ley orgánica el desarrollo de las normas contenidas en el artículo 122.2 y 3 CE. En cumplimiento de este mandamiento, la LOPJ reconoce al Consejo General todas las atribuciones necesarias para la aplicación del estatuto orgánico de los jueces y magistrados, particularmente en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Así, el libro V se dedica a la regulación de los letrados de la Administración de Justicia y de la Oficina Judicial; el libro VI establece el marco básico regulador de aquellos otros órganos, cuerpos de funcionarios y profesionales que, sin integrar el Poder Judicial, colaboran con el mismo de diversas maneras para hacer posible la efectividad de su tutela en los términos establecidos por la CE, y el Libro VII se refiere al Ministerio Fiscal, que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y velar por la independencia de los tribunales y la satisfacción del interés social, de acuerdo con lo que prevé el artículo 124 CE, así como la Fiscalía europea y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. La ley consagra también la función de los abogados y los procuradores, a quien reserva la dirección y la defensa de la representación de las partes, ya que a ellos les corresponde garantizar la asistencia jurídica del ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija la ley y, en todo caso, como derecho a la defensa y a la asistencia letrada expresamente reconocido por la CE. La Policía Judicial, como institución que coopera y auxilia a la Administración de Justicia, se ve potenciada por el establecimiento de unidades funcionalmente dependientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal. Finalmente, el Libro VIII se dedica al órgano de gobierno del Poder Judicial: el Consejo General del Poder Judicial. La CE exige —y la LOPJ consagra— los principios de oralidad y publicidad, y la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda derivarse del error judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin perjuicio de la responsabilidad individual de jueces y magistrados de carácter civil, penal y disciplinaria.
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