Temari de proves selectives 2024-2025 217 • Expropiatoria • Tributaria Fundamento de la discrecionalidad administrativa En la medida en que su reconocimiento supone atribuir a los gobernantes y administradores públicos una capacidad de decisión propia, y por el temor de que este poder se manifieste de manera equívoca, se ha debatido mucho en la teoría del Derecho público respecto del significado y de los límites de la discrecionalidad administrativa. Sánchez Morón afirma que “discrecionalidad administrativa” no es un elemento contrario a la idea de Estado de Derecho: son las propias leyes las que reconocen en muchos casos, de forma expresa o implícita, la existencia de márgenes legales de discrecionalidad administrativa para adoptar las decisiones que convengan a los intereses generales. La Administración no podría desarrollar correctamente su función, si toda su actuación se hubiese previsto de manera absoluta por la ley. Es más, diariamente, tanto la Administración como el Gobierno se han de enfrentar a problemas que el legislador no ha podido prever y regular de manera general, sin considerar las circunstancias cambiantes. En consecuencia, la discrecionalidad permite optar lícitamente por soluciones diferentes o alternativas, siempre que sea para satisfacer el interés público, en atención a criterios no jurídicos, ya sean económicos, técnicos, de mera conveniencia social u organizativa o incluso políticos. DISCRECIONALIDAD Y CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS Se deberá distinguir la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio de las potestades regladas de los denominados “conceptos jurídicos indeterminados”. La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados es una técnica utilizada en todas las ramas del Derecho cuando se pretende regular una esfera de la realidad cuyos límites no se precisan en su enunciado. Esta indeterminación del concepto posibilita —y exige— precisarla en la aplicación del caso concreto, y solamente permite una única solución en cada uno. Para la aplicación de estos conceptos al caso concreto la Administración deberá hacer una valoración fundamentada en criterios técnicos y en razonamientos lógicos. Ahora bien, doctrina y jurisprudencia sostienen que en muchos casos de aplicación de conceptos indeterminados al caso concreto la Administración no tiene discrecionalidad. La ley no le permite optar por diferentes soluciones igualmente válidas, sino por una sola. La consecuencia última es que los tribunales pueden controlar totalmente la aplicación administrativa de las normas que contienen estos conceptos, ya que esta aplicación se reduce a una simple operación jurídica. Es un concepto jurídico indeterminado, la adjudicación de un contrato por concurso, en virtud del criterio — concepto— “oferta económica más ventajosa”. En suma, las diferencias con la discrecionalidad son las siguientes: • Los conceptos jurídicos indeterminados únicamente presentan una unidad de solución justa en cada caso. El ejercicio de la potestad discrecional permite una pluralidad de soluciones justas.
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