Temari de proves selectives 2024- 2025 218 • La aplicación de conceptos jurídicos indeterminados es un caso de aplicación de la ley, ya que se trata de situar en una categoría legal unas circunstancias reales determinadas. La discrecionalidad es la libertad de elección entre alternativas igualmente justas y la decisión se fundamenta en criterios no incluidos en la ley, sino en el juicio de la Administración. • En el supuesto de los conceptos jurídicos indeterminados, es posible que el tribunal revise, desde su función explicativa de la ley, la apreciación del concepto realizado. Límites de la discrecionalidad En las potestades discrecionales, el ordenamiento jurídico reserva una esfera de actividad de la Administración de libre elección, una facultad de estimación de lo que se considera más o menos justo, de acuerdo con el interés público. En cualquier caso, el ejercicio de la potestad discrecional no es absoluto: se somete a ciertos límites jurídicos generales, que se derivan del deber de observancia de los aspectos reglados específicos de cada potestad, deducibles de las normas que la regulan. A grandes rasgos se puede hablar de cuatro elementos reglados que, de alguna manera, delimitan la discrecionalidad de la Administración: • La competencia del órgano de la Administración, que viene predeterminada en la normativa. • La obligación de seguir el procedimiento administrativo específico. Las administraciones no pueden adoptar sus decisiones si no es a través de los trámites que fija la legislación. • El plazo en el cual se deberá adoptar la decisión. • La obligación de motivar la opción administrativa. La motivación es fundamental en la actuación pública, porque permite comprobar las razones que han impulsado a la Administración a decantarse por una alternativa u otra. EL CONTROL JUDICIAL DE LA DISCRECIONALIDAD El control de las potestades administrativas es más sencillo e intenso sobre las potestades regladas, porque la Administración deberá aplicar la normativa tal como viene establecida, sin margen de apreciación. Por tanto, si se desvía de esta normativa incumple el ordenamiento jurídico y los jueces y tribunales pueden detectarlo más rápidamente. La situación cambia cuando las administraciones ejercen potestades discrecionales, ya que hay un margen de elección entre varias soluciones, todas ellas igualmente correctas y admisibles. Por ejemplo, en el ejercicio de la potestad planificadora la Administración puede optar entre múltiples opciones para decidir dónde situar las zonas verdes, los equipamientos escolares y deportivos, la zona residencial o la zona industrial. Todas serán opciones lícitas. Para controlar la legalidad de estas resoluciones administrativas, de carácter discrecional, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado una serie de mecanismos o técnicas: • Control de los elementos reglados. • Técnica de la desviación de poder.
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