Temari de proves selectives 2024- 2025 220 la potestad. Por eso la fase de la prueba en el procedimiento es fundamental, ya que es a través de ella que pueden precisarse los hechos. La interdicción de la arbitrariedad Esta técnica se recoge en el artículo 9.3 CE y supone la ilegalidad de cualquier actuación administrativa que se base en el puro arbitrio de la autoridad que la dicta. La actividad de la Administración, cuando se fundamenta en una potestad, deberá ser siempre racional, coherente y orientada exclusivamente a la satisfacción de un interés público; además, deberá estar motivada teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico. Cuando esto no pasa, la actuación administrativa se califica de arbitraria y es contraria al Derecho. La interdicción de la arbitrariedad permite fijar límites a la discrecionalidad, ya que la acción discrecional no puede obedecer al capricho de la Administración, sino que tendrá que ser racional y adecuada a las finalidades que se persiguen. Esta técnica es muy similar al control mediante la desviación de poder expuesto antes, aunque en España los tribunales prefieren aplicar la técnica de la interdicción de la arbitrariedad. El control a través de los principios generales del Derecho En la medida en que estos principios son fuente del Derecho administrativo, es evidente que toda la acción administrativa queda vinculada a ellos. Entre estos principios, cabe destacar el de igualdad (art. 14 CE), que impide una actuación discriminatoria de unos administrados respecto a otros por parte de la Administración. También merece una referencia el principio de proporcionalidad, que supone declarar la ilegalidad de toda actuación administrativa que imponga limitaciones o cargas a los administrados no imprescindibles para el cumplimiento del fin previsto. Finalmente, destaca el principio de buena fe, que impide a la Administración cualquier engaño o maquinación en sus relaciones con los administrados y que le impide igualmente defraudar injustificadamente las expectativas que ella misma ha despertado o estimulado en los particulares. Así, por ejemplo, la Administración vulnera el principio general de buena fe si, de repente, decide cambiar de criterio y, justo antes de la temporada de verano, y sin aviso previo, prohíbe la instalación de quioscos para la venta de helados o refrescos en la playa, cuando nunca antes había puesto trabas al desarrollo de esta actividad comercial. La Administración debería haber motivado este cambio de criterio y, de acuerdo con el principio de buena fe, por las expectativas que a través de los años había despertado en los comerciantes del lugar, era recomendable que anunciase el cambio con suficiente antelación para que los particulares afectados pudiesen adaptarse a los cambios. LA DESVIACIÓN DE PODER Uno de los elementos reglados de los actos discrecionales de la Administración Pública, como se ha dicho, es que se trate de un fin público, que necesariamente será una necesidad pública.
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