Temari de proves selectives 2024-2025 283 • Mantener una conducta digna tratando a los ciudadanos con corrección. • Asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias, y de los organismos que dirigen sin perjuicio de otros legalmente exigibles. Principios de actuación • Desarrollar su actividad con plena dedicación y pleno respeto a la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de intereses. • Guardar reserva con referencia a los hechos e informaciones que tengan por razón del ejercicio de su cargo. • Notificar a los órganos competentes cualquier actuación irregular de la que se tenga conocimiento. • Ejercer los poderes que les atribuya la normativa vigente con el fin exclusivo para el cual se les otorgaron y evitar cualquier acción que pueda suponer un riesgo al interés público, al patrimonio de la Administración o a la imagen que debe tener la sociedad en relación con sus responsables públicos. • Implicar en situaciones actividades e intereses incompatibles con sus funciones, absteniéndose de intervenir en los asuntos en los que concurra alguna causa que pudiera afectar su objetividad. • No aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que pudieran condicionar el desarrollo de sus funciones. • Desarrollar las funciones con transparencia. • Gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades no permitidas por la normativa. • No aprovecharse de la posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales. Finalmente, la ley prevé el régimen sancionador, que se compone de una serie de faltas clasificadas en graves, muy graves y leves, a las que les corresponderán, por su cometimiento, las sanciones tipificadas en la propia ley, que pueden ir desde la amonestación, en el caso de las leves, a la inhabilitación para cargo a público, en el caso de las muy graves. LA PUBLICIDAD ACTIVA En opinión de Brines Almiñana, una de las dimensiones de toda política de datos abiertos (open data) lo constituye la llamada publicidad activa, que consiste en que todos los poderes públicos de modo proactivo difunden determinada información, lo que implica que la Administración no actuará a impulso del ciudadano solicitando una concreta información como la que deriva de las exigencias de transparencia, sino que lo hará de forma proactiva, anticipándose y publicando de oficio, es decir, el derecho que asiste a todo ciudadano de solicitar acceso a la información pública. La propia exposición de motivos de la LTBG pretende avanzar y profundizar en la configuración de obligaciones de publicidad activa, y amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa que ya existían en distintos ámbitos, como en materia de contratos, subvenciones, presupuestos, o actividades de altos cargos. La LTBG establece la obligación de publicación de unos contenidos mínimos por parte de las Administraciones Públicas, cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública.
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