Temari de proves selectives 2024- 2025 296 Además, cuando sea probable que la violación comporte un alto riesgo para los derechos de las personas, el responsable lo deberá comunicar a las personas afectadas sin dilaciones indebidas y en un lenguaje claro y sencillo. Derechos de la persona titular de los datos La titularidad de los datos personales no pertenece a quienes los gestionan, sino a las personas titulares de los mismos. El derecho a la protección de datos personales se ejerce mediante un elenco de derechos regulados en el capítulo III del RGPD: a) El derecho de acceso b) El derecho de rectificación c) El derecho de supresión d) El derecho de oposición e) La limitación del tratamiento f) La portabilidad g) El derecho a no verse sometido a decisiones automatizadas Dichos derechos puede ejercerlos la persona afectada, si tiene más de 14 años, o un representante en su nombre, en caso de menores de 14 años, personas incapacitadas o cuando la persona afectada designe voluntariamente a alguien que le represente. Como excepciones al ejercicio de estos derechos, se pueden limitar los derechos de la persona interesada en los supuestos siguientes: • .la seguridad del Estado • Defensa. • Seguridad pública. • Prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, incluyendo la protección ante amenazas a la seguridad pública y su prevención. • Protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales. • Prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas. • Función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada ocasionalmente al ejercicio de autoridad. • Protección de la persona interesada o de los derechos y las libertades de los otros. • Ejecución de demandas civiles. • Otros objetivos importantes de interés público general de la UE o de un Estado miembro, en particular, un interés económico o financiera importante, incluso en los ámbitos fiscales, presupuestarios y monetarios, en la sanidad pública y en la Seguridad Social.
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