Temari de proves selectives 2024- 2025 306 Así, por ejemplo, todos los órganos colegiados producen sus acuerdos en forma verbal, y estos acuerdos se hacen constar seguidamente en un acta levantada por el secretario y aprobada por el colegio. Esta también es la fórmula de los actos dictados “por orden” bajo la forma de actos de “por orden de” (abreviado, “p.o.”): la autoridad decide, y es el subordinado frente a quien la decisión se expresa verbalmente quien la recoge de forma escrita y la comunica o notifica. En las relaciones de supremacía especial, y dentro de estas, de manera especial, en las relaciones orgánicas y funcionariales de jerarquía, la orden verbal es normalmente admitida y se permite que sea acreditada por cualquier medio de prueba; igualmente, se admiten, en este mismo ámbito, el informe o la propuesta verbal, siempre que no estén sustantivados como un trámite del procedimiento. La motivación En muchos casos de actos el ordenamiento no solo exige la escritura, sino también la motivación. La LPAC obliga a la Administración a motivar la mayoría de sus decisiones. Se trata de un requisito normal en todas las sentencias y autos judiciales. Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que contiene a una regla de Derecho que autoriza tal decisión o que surge de su aplicación. Por ello, motivar un acto obliga a fijar: • En primer término, los hechos de cuya consideración se parte, obliga también a encuadrarlos en el supuesto de una norma jurídica. • En segundo lugar, a razonar en la parte dispositiva del acto cómo esta norma impone la resolución que se adopta. La motivación es la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de Derecho que fundamentan un acto, lo que justifica su adopción, y la falta de motivación puede dar lugar a la anulabilidad del acto por indefensión. El artículo 35 LPAC enumera los actos que deberán ser motivados: • Actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. • Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones u actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje: º Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. º Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de estos, así como la adopción de medidas provisionales. º Los actos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de los plazos. º Los que se dicten en ejercicio de las potestades discrecionales, así como los que deberán serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Por otra parte, el artículo 35.2 LPAC remite a las normas reguladoras específicas la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, pero esto no afecta a la esencia de la obligación de motivar, sino solo a la manera de hacerlo.
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