Temari de proves selectives 2024-2025 325 NORMATIVA A UTILIZAR - Constitución Española - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial - Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa - Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana - Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas - Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa - Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional LA EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: EL PRINCIPIO DE AUTOTUTELA EJECUTIVA La coacción administrativa, en general, es lo que se conoce como “principio de autotutela ejecutiva”, relativo a la facultad de la Administración de obligar a ejecutar sus actos forzosamente sin necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional para que la Administración quede exenta de la carga de tener que solicitar al juez el uso de la coacción. Según Mayer, esta última es la denominada “coacción directa e inmediata”, que supone la aplicación directa e inmediata de la coacción a una situación de hecho sin que se haya dictado un acto declarativo previo cuya ejecución se pretende. Con este instrumento la Administración constituye un sujeto cuya coacción es una coacción legítima, de manera que su uso no le está prohibido en la relación con los otros sujetos y puede imponer por sí misma y por su propia autoridad la ejecución forzosa de sus propios derechos y producir de manera válida una alteración de la situación posesoria sin pedir el auxilio del juez y sin que el juez pueda interferir en esta actuación. Así se pronuncia el artículo 98 LPAC, que establece que “los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos”. Sin embargo, el propio artículo 98 LPAC limita o suspende la ejecutoriedad de los actos administrativos en los siguientes casos: • Cuando se produzca la suspensión de la ejecución del acto • Cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. • Cuando una disposición establezca lo contrario. • Cuando se necesite aprobación o autorización superior.
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