Temari de proves selectives 2024-2025 333 • El orden establecido de competencias. • El sistema formal del procedimiento preceptivo para llegar a determinados resultados. Esquemáticamente, estas situaciones de necesidad, junto a las situaciones de necesidad formalmente declaradas como los estados de alarma, excepción y sitio del artículo 116 de la CE, pueden ser: • Periodos críticos de guerra o desorden público. • Calamidades públicas (inundaciones, incendios...) que ponen en peligro inmediato la vida de los ciudadanos y la integridad de las cosas públicas y privadas de una colectividad más o menos extensa. • Riesgo inminente de la vida de una persona (alguien que se está ahogando, un excursionista aislado en la montaña, alguien que amenaza suicidarse...). Principios generales en la actuación de la coacción directa Como ya se ha avanzado, la peculiaridad de la coacción directa es la improcedencia (entendida como falta de necesidad) de un procedimiento formal. Sin embargo, hay que recordar que el artículo 55.2 de la CE establece que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas a las autoridades gubernativas en estos casos producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos en las leyes. Para proteger estos derechos y libertades se articulan los procedimientos regulados en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que se explican más adelante. En este sentido, la legitimidad de la medida coactiva concreta es controlable por los tribunales contencioso-administrativos en sus límites legales explícitos, en su competencia, en sus circunstancias legitimadoras, en su finalidad y en la proporcionalidad de la reacción para la finalidad que justifica el uso de la fuerza. Como afirma García de Enterría, cuando resulte notoria la inexistencia de circunstancias legitimadoras y se produzca un abuso de fuerza, o bien cuando esta se utilice como medida sancionadora en lugar de como medio de restablecimiento del orden, los tribunales podrán calificar de vía de hecho la actuación coactiva de la Administración y ponerle fin. Los supuestos de coacción directa se justifican como medidas inmediatas mientras la situación de peligro está presente, pero una vez la situación de peligro sea vencida o superada se restablece el curso normal de los procedimientos, incluso para revisar, modificar o reordenar la situación creada por las medidas coactivas que debieron dictarse sin esperar procedimiento alguno previo ante la urgencia de las circunstancias. Finalmente, hay que decir que los sacrificados o injustamente lesionados tienen derecho a ser indemnizados por la Administración a partir de lo que establecen el procedimiento especial en materia de responsabilidad patrimonial de la LPAC y el artículo 121 de la LEF, que declaran indemnizables las lesiones patrimoniales que sean consecuencia tanto del funcionamiento normal como anormal de los servicios públicos. Se trataría de un funcionamiento normal de los servicios públicos, a excepción del supuesto de vía de hecho.
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