Temari de proves selectives 2024- 2025 454 • El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ejerza porque se la ha transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. Como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1994, se trata de evitar que un proceso sea iniciado por quien no esté legitimado para ello, con la subsiguiente ineficacia del mismo. • La copia o el traslado de la disposición o acto expreso que se recurran o la indicación del expediente en que haya recaído el acto o el diario oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso es la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionarán el órgano o dependencia a los que se atribuya una u otra, si procede; el expediente en que tenga origen o cualquier otro dato que sirva para identificar suficientemente el objeto del recurso. Se trata de facilitar al máximo el conocimiento rápido del acto o disposición contra los cuales se dirige la pretensión de impugnación que constituye el objeto del proceso. • El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean aplicables, salvo que se hayan incorporado o insertado dentro del cuerpo del documento que acredite la representación. En el caso de las entidades públicas, se concreta en la obligación de acompañar el acuerdo del órgano competente de la entidad en el cual se haya adoptado la decisión de recurrir. En cuanto a las corporaciones locales, hay que tener en cuenta el contenido del artículo 54.3 del TRRL, por el que se aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, que establece que los acuerdos para el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales deberán adoptarse con el dictamen previo del secretario o, en su caso, de la asesoría jurídica, y en defecto de ambos, de un letrado. Por otro lado, el artículo 45.3 de la LJCA establece la posibilidad de enmendar, dentro del plazo de diez días, los defectos que presente la interposición del recurso. Si no se enmendaran, se ordenará el archivo de las actuaciones. Plazos de interposición del recurso La interposición dentro de plazo es muy importante, dado que, transcurrido este, el acto se convierte en firme e inatacable. El artículo 46 regula los plazos de interposición, que García de Enterría esquematiza como sigue: • Plazo ordinario: dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación del acto que se recurre, si el acto fuese expreso. • En el supuesto de un acto presunto o por silencio negativo, se establece un plazo de seis meses para recurrir, a contar a partir del día siguiente al día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. No obstante, el TC entiende que esta limitación de plazo quedó derogada por la nueva regulación del silencio administrativo realizada por la Ley 4/1999, que modificó la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), de manera que ningún plazo excluye actualmente el deber de la Administración de resolver ni la opción del interesado de esperar esta resolución. Y así se mantiene en la vigente LPAC.
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