Temari de proves selectives 2024-2025 479 obligaciones impuestas por la ley que comporten el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otras personas, las personas físicas o jurídicas sobre las cuales recaiga este deber cuando así lo determinen las leyes reguladoras de los diferentes regímenes sancionadores.” El segundo inciso de este precepto admite la responsabilidad subsidiaria cuando la infracción consista precisamente en el incumplimiento de una obligación legalmente impuesta que comporte el deber de prevenir la comisión de infracciones administrativas por terceros. Principio de proporcionalidad Este principio exige la correspondencia entre la trascendencia y la gravedad de la acción sancionable y la sanción impuesta. Su fundamento se encuentra en el artículo 9.3 CE, que establece la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La proporcionalidad será controlable mediante las técnicas de control de la discrecionalidad. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la jurisprudencia contencioso-administrativa declaran y aplican este principio e inciden especialmente en la actividad administrativa que fija los hechos determinantes de cualquier sanción y, sobre todo, la propia sanción. La multa es la forma más frecuente de las sanciones administrativas, y puede suponer, además, la pérdida de los derechos que el propio ordenamiento considere infringidos. El límite en el establecimiento de estas sanciones se encuentra, según el artículo 29 LRJSP, en las que impliquen, de forma directa o indirecta, privación de libertad, que, según el artículo 25.3 CE, está reservada a la jurisdicción penal. Los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 29 LRJSP establecen una serie de reglas generales para la imposición de sanciones pecuniarias: • El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. • Debe haber correspondencia entre la infracción y la sanción: se deberá guardar la oportuna proporción entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Para graduar las sanciones a aplicar se establecen los siguientes criterios: • Existencia de intencionalidad o reiteración. • Naturaleza de los perjuicios causados. • Reincidencia por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. Principio de prescripción El artículo 30 LRJSP fija una norma supletoria para el supuesto de que las leyes sectoriales no prevean el plazo de prescripción de las infracciones y sanciones. a) Infracciones • Prescriben, según se clasifiquen en muy graves, graves y leves, a los tres años, a los dos años o a los seis meses, respectivamente.
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