Temari de proves selectives 2024-2025 53 rechos fundamentales constitucionalmente reconocidos o en un menoscabo del contenido mínimo que la norma constitucional atribuye a estos derechos. Su objetivo fundamental es evitar que las normas de rango inferior a la CE que desarrollen derechos fundamentales dejen a estos últimos sin contenido y sin la eficacia con la que quiere dotarlos la CE. El destinatario de estas garantías, por tanto, no es el ciudadano individual, sino la colectividad. • Garantías jurisdiccionales. Se trata de instrumentos reactivos que se ofrecen a los ciudadanos para que, en caso de que se produzca una vulneración de los derechos fundamentales, estos puedan acudir a estos instrumentos y obtener la preservación del derecho o el restablecimiento del mismo. Esta reacción tiene lugar instigando la actuación de los órganos jurisdiccionales. Defensor del Pueblo El artículo 54 de la CE establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para defender los derechos comprendidos en el título I. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración y dar cuenta a las Cortes Generales. En cumplimiento de este mandato se promulgó la LODPu que regula la institución. El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado mediante una votación en la que se necesita una mayoría de tres quintas partes, por un periodo de cinco años, con el único requisito para acceder al cargo de ser español mayor de edad con plenitud de disfrute de sus derechos civiles y políticos. El Defensor del Pueblo no está sujeto a ningún mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desarrolla sus funciones con autonomía y goza de la prerrogativa parlamentaria de inviolabilidad por razón de las opiniones o actos realizados en ejercicio del cargo, y también de inmunidad, que supone que no puede ser detenido ni retenido sino en caso de delito flagrante, y fuero especial. Está auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que puede delegar sus funciones, nombrados con la conformidad de las Cortes Generales y, junto con el secretario general, forman la Junta de Coordinación y Régimen Interior, con las competencias establecidas por el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. El Defensor del Pueblo se relaciona con las Cortes Generales mediante una comisión mixta Congreso-Senado. La normativa que regula la institución del Defensor del Pueblo es la siguiente: • La CE de 1978. • La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. • El Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo, de 6 de abril de 1983. • La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las diferentes CCAA. La tarea del Defensor del Pueblo es la protección y la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los ciudadanos, además de controlar que la Administración actúa de conformidad con lo que dispone el artículo 103 de la CE, es decir, que sirve a los intereses generales con objetividad y actúa según los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y con sumisión plena a la ley y al Derecho, además de prohibirse expresamente la arbitrariedad. Respecto de su competencia, esta se extiende a la totalidad de órganos y autoridades de la Administración General del Estado, de las administraciones de las CCAA y de las administraciones locales. También puede intervenir ante aquellos que actúen como agentes o colaboradores de cualquiera de estas administraciones en cumplimiento o realización de fines o servicios públicos.
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