Temari de proves selectives 2024-2025 151 danos, que se beneficiarán como usuarios. Así, se puede delimitar la actividad pública de servicio respecto a otras actividades, como la ordenación y el control. Por otra parte, el proceso de liberalización económica y privatización de actividades públicas que ha tenido lugar durante las últimas décadas ha acentuado los problemas conceptuales y sustantivos del servicio público. El hecho de que servicios como las telecomunicaciones, los servicios postales, el transporte aéreo, marítimo y ferroviario, la energía y la radiotelevisión se hayan abierto de manera progresiva a la libre competencia ha comportado que determinados sectores hayan vaticinado la muerte del servicio público. En opinión de Miguel Sánchez Morón, esto no necesariamente debe ser así. Por una parte, porque la liberalización tiene límites intrínsecos, ya que solo alcanza, en la práctica, a aquellos servicios y actividades que pueden ser prestados por las empresas privadas mediante una contraprestación, es decir, a aquellos servicios que son económicamente rentables a priori. Por otra parte, porque los poderes públicos han de garantizar la cobertura de las necesidades esenciales de los ciudadanos e incluso el correcto funcionamiento del mercado. De ahí que, en el marco de la Unión Europea, el proceso de liberalización de los servicios públicos haya sido un proceso controlado y haya abierto un debate paralelo sobre las exigencias del interés general de los ciudadanos en relación con los servicios liberalizados. De este debate deriva una concepción diferente del servicio público y de las relaciones entre el Estado y el mercado, que ha dado lugar a un concepto más amplio: servicios de interés general. Desde otra perspectiva, Mercè Corretja entiende que el concepto de servicio público varía en función de las necesidades sociales y de las políticas de los estados. En los últimos años, la irrupción de la aplicación de criterios económicos a la actividad administrativa ha comportado una rápida evolución de su régimen jurídico, especialmente hacia la investigación de nuevas fórmulas que garanticen la eficiencia, la optimización de recursos y la financiación de los servicios públicos. La Administración Pública ha evolucionado, de acuerdo con los nuevos objetivos y necesidades, hacia una administración reguladora. En este contexto, el derecho comunitario, con los principios de libre circulación de mercancías y productos y de libre competencia, ha contribuido a la liberalización de los servicios y a la eliminación de monopolios, a la investigación de nuevas fórmulas de financiación y a la reestructuración de importantes sectores económicos. Estos cambios han afectado a los diferentes estados del entorno económico y jurídico inmediato, los cuales, como establecía el Libro blanco para la mejora de los servicios públicos, han llevado a cabo procesos de reforma y modernización de las Administraciones Públicas. La satisfacción de las necesidades de los ciudadanos como clientes de la Administración es el objetivo primordial de las nuevas Administraciones Públicas, lo que conlleva la introducción de sistemas de calidad y atención al cliente en la prestación de los servicios públicos. LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS El artículo 85 LRBRL establece, en su apartado 2, que los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de la forma más sostenible y eficiente mediante diversas modalidades, que se exponen a continuación.
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