Temari de proves selectives 2024-2025 163 Finalmente, una forma de limitar los derechos es también su sacrificio o privación en favor de un interés público, mediante una indemnización (expropiación forzosa, que es objeto de estudio en el apartado correspondiente). Régimen de la actividad de policía en la Administración local Inicialmente, las formas de actividad administrativa local, en el derecho español, se encontraban recogidas en el RSCL de 17 de junio de 1955. Actualmente, esta regulación, en el ámbito estatal, la contiene la LRBRL, título VI, capítulo II, arts. 84 a 87, “Actividades y servicios”. Principios de la actividad administrativa de policía Toda la actividad de cualquier administración pública se encuentra sujeta a los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima e interés público. Estos principios se encuentran recogidos en el reglamento de servicios. Aunque solo hace referencia a la actividad de policía, todos estos principios se encuentran implícitos también en las actividades de fomento y de servicio público. En lo que respecta a la LRBRL, el artículo 84.2 hace referencia a estos principios en relación con la actividad de intervención al establecer que “[l]a actividad de intervención de las entidades locales se debe ajustar, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue”. a. El principio de legalidad Según el artículo 103 CE, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es necesario que cualquier actividad que limite libertades o derechos de los ciudadanos esté regulada por ley. No obstante, y aunque, en principio, es la ley la que debe definir los aspectos básicos de las potestades administrativas, también hay espacio para un desarrollo reglamentario, sobre todo cuando la actividad de la Administración se encamina a ampliar el abanico de los derechos y la esfera de actuación de los particulares, como pasa, por ejemplo, con la actividad de fomento y de servicio público. Así, en lo relativo a una actividad limitadora o sancionadora, hay que exigir la máxima precisión legal sobre los aspectos fundamentales, sin que sea suficiente la apelación a los poderes generales de intervención. En cambio, será suficiente una simple previsión o un apoderamiento legal para desarrollar actividades de servicio público y de fomento. Por tanto, de la misma manera que no hay actuación material lícita de la Administración sin un acto administrativo previo, tampoco hay actividad ilícita sin una norma previa, legal o reglamentaria, a la cual, implícita o explícitamente, el acto o la actividad de la Administración puedan ser reconducidos. b. El principio de igualdad Porque lo establece el artículo 14 CE, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda hacerse discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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