Temari de proves selectives 2024-2025 14 Así, debían revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública que se adoptaron en el despliegue de las directivas mencionadas del año 2004 con el fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor dicha contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Dichas directivas también comprometían a todos los Estados miembros a alcanzar, antes de octubre de 2018, un escenario de contratación pública electrónica generalizada, que debía incluir la presentación electrónica de las proposiciones de las empresas licitadoras. Por otra parte, establecía toda una serie de exigencias de comunicación y publicación, en garantía del principio de transparencia soportado en plataformas electrónicas. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO El artículo 149.1.18 CE dispone que es competencia exclusiva del Estado la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, lo cual otorga a tales contratos una cierta uniformidad, si bien dicha legislación es susceptible de desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas. La vigente ley básica estatal en materia de contratos de las Administraciones Públicas es la LCSP, que, como se ha indicado, nace a raíz de la transposición del paquete de directivas comunitarias sobre contratación pública aprobadas en 2014. El artículo 1.º se refiere a su objeto y finalidad, y de él puede deducirse que la nueva LCSP de 2017 pivota sobre dos ejes fundamentales, a saber, la intervención en el mercado interior y la realización de políticas públicas a través de la contratación. Con ella se pretende promocionar los objetivos sociales, laborales y medioambientales, así como la innovación. Pareja a estos objetivos surge la necesidad de evitar la corrupción en la adjudicación de los contratos y la comisión de fraude, que es el objeto de las obligaciones relativas a la aprobación de planes de medidas antifraude, al menos y con carácter obligatorio, en la ejecución de los fondos Next Generation por parte de las administraciones perceptoras y gestoras de dichos fondos. También se busca intervenir en el mercado interior para favorecer la innovación y, con ello, la colaboración de las empresas privadas, pero, sobre todo, para acercar a las pymes a la contratación pública —por ejemplo, aparece la contratación en lotes como principio general para permitir el acceso de las pymes a dicha contratación. Asimismo, se considera que la eficacia de la Administración va de la mano de la profesionalización y la autorización de nuevas técnicas digitales, por lo que se apuesta por un modelo electrónico de total tramitación del contrato en todas sus fases. Ámbito objetivo de aplicación Están sometidos a la LCSP, en los términos previstos en el art. 2 LCSP: “los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público. A tales efectos, se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
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