Temari de proves selectives 2024-2025 229 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y MODELOS DE FINANCIACIÓN Si en un Estado como el nuestro existen tres administraciones territoriales, la estatal, la autonómica y la local, que se corresponden con otros tantos niveles de la Hacienda Pública, la primera cuestión que hay que determinar es la distribución de competencias económico-financieras entre ellas. Para explicar las razones que justifican la distribución de los objetivos y funciones del sector público entre los distintos niveles de gobierno, se parte de la base de que las funciones económicas desempeñadas por la Administración Pública son de tres clases: 1. De estabilización: utilizando la política presupuestaria como un medio para mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de precios y una tasa apropiada de crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza de pagos. 2. De asignación: se identifica con la provisión de bienes y servicios por parte del sector público. 3. De distribución: en el ejercicio de esta función, el sector público, conforme a criterios de justicia social, interviene alterando la distribución de la renta resultante de la acción del mercado. Según Musgrave, dichas funciones son susceptibles de ser atribuidas a diferentes niveles de gobierno, lo que nos lleva al planteamiento del interrogante central del federalismo fiscal: ¿qué reparto de competencias económicas debe realizarse entre los diferentes niveles de gobierno? O, lo que es lo mismo: ¿cuáles son las funciones idóneas de cada nivel territorial? Aunque existen algunas voces discrepantes, la tesis tradicional estima que las funciones de estabilización y distribución deberían corresponder a la Administración Central, mientras que solo la función de asignación debería ser descentralizada en aras de la mayor eficiencia que se logra cuando son los gobiernos territoriales subcentrales los que realizan la provisión de ciertos bienes sociales. Se descarta la descentralización de la función de estabilización porque exige la actuación conjunta de políticas monetarias y fiscales, y, aunque los gobiernos subcentrales cuenten con ciertas facultades en materia tributaria, los instrumentos más importantes están en manos de la autoridad estatal. En cuanto a la función redistributiva, se argumenta que la movilidad de los residentes dificultaría su atribución a los niveles subcentrales de gobierno, ya que podrían producirse migraciones de ciudadanos con un alto nivel de renta y la inmigración de los menos favorecidos . Por tanto, en el modelo clásico del federalismo fiscal, solo la función de asignación es susceptible de descentralizarse, de forma que la provisión de bienes que constituye su contenido es atribuible a todos los niveles de gobierno. Ahora bien, ¿qué tipo de bienes debe proveer cada jurisdicción? El primer factor que hay que tener en cuenta a la hora de asignar la provisión de bienes públicos es la no rivalidad en el consumo, que puede presentarse a escalas muy distintas. Así, podemos diferenciar, por ejemplo, como dice Bustos Gisbert, el caso de la defensa nacional, en el que el ámbito de no rivalidad coincide con el Estado o incluso con entes supraestatales; el de seguridad ciudadana, que puede predicarse con respecto al Estado, a las Comunidades Autónomas o a los entes locales, dependiendo de la naturaleza de la actividad, o los servicios de limpieza o abastecimiento de agua, en los que el marco más adecuado es el local. Un segundo factor relevante es el del coste de provisión de los bienes públicos, o, más concretamente, la presencia o no de economías de escala —el coste medio de producción disminuye a medida que aumenta el volumen de producción— en su producción.
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