Temari de proves selectives 2024-2025 260 Ahora bien, esta prohibición de privilegios no puede interpretarse en modo alguno como una prohibición absoluta, lo cual supondría una vulneración del principio de autonomía financiera, sino que, según reiterada doctrina del TC, “no toda desigualdad de trato legal es discriminatoria; solo aquella que, afectando a situaciones sustancialmente iguales desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable; asimismo, los preceptos constitucionales no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todas las materias y todos los territorios del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales”. Por consiguiente, las CCAA no tienen que ejercer las competencias de una manera idéntica o con idénticos resultados, siempre que lo haga con respeto a la CE, a la LOFCA y a los propios EEAA. 5. Principio de unidad de la política económica o de garantía del equilibrio económico En virtud de este principio, la política económica general corresponde al Estado, ya que los instrumentos fundamentales de una política global —monetarios, fiscales, etc.— solo son eficaces desde el poder central, pues, en otro caso, las decisiones autonómicas podrían actuar en contra de la política general y producir efectos contraproducentes. Por consiguiente, como se reconoce en la LOFCA, la garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general y de acuerdo con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 CE, corresponde al Estado, que es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa y la estabilidad presupuestaria, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español. 6. Principio de corresponsabilidad fiscal Según este principio, cada nivel responsable de políticas de gasto debe ser también responsable de las políticas de ingresos que le permitan obtener financiación suficiente para cubrir sus necesidades. En nuestro sistema, por aplicación de la corresponsabilidad fiscal, las CCAA de régimen común, además de poder establecer tributos propios, tienen atribuidas competencias normativas en los tributos cedidos. 7. Principio de lealtad institucional A tenor de lo dispuesto en la LOFCA, la lealtad institucional determinará el impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones legislativas y de las CCAA en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer sobre las CCAA o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación de financiación vigente, y que deberán ser objeto de valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, y en su compensación, mediante modificación del sistema de financiación para el siguiente quinquenio.
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