Temari de proves selectives 2024-2025 24 A los efectos anteriores, el Real Decreto Legislativo 1/2013 establece una serie de medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, así como de las personas con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural. Además del derecho a la igualdad, el Real Decreto Legislativo 1/2013 reconoce a las personas con discapacidad el derecho a la protección de la salud, a la atención integral, a la educación, a la vida independiente, a la protección social y al trabajo, entre otros. En cuanto al derecho al trabajo, hace distinción entre empleo ordinario (en las empresas y en las Administraciones Públicas, incluidos los servicios de empleo con apoyo), empleo protegido (en centros especiales de empleo y en enclaves laborales) y empleo autónomo: • En el empleo ordinario, los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa en función de las necesidades de cada situación concreta con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. Además, las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. No obstante, de manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total o bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva. • En cuanto al empleo protegido, los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es realizar una actividad productiva de bienes de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, teniendo como fin asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, y a la vez son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por un mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70% de esta. • Por lo que respecta al empleo autónomo, el artículo 47 obliga a los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, a adoptar políticas de fomento del empleo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al establecimiento y el desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia o a través de entidades de la economía social, de acuerdo con la normativa reguladora de la materia. Destacar también la aprobación del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Para finalizar, apuntar que el acceso al empleo público de personas con discapacidad se rige por lo dispuesto en la normativa reguladora de la materia, el TREBEP. A este respecto, el artículo 59 del TREBEP, en la redacción otorgada por el Real Decreto-ley 6/2023, establece que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 10% por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, el 2% reservado a personas con discapacidad intelectual y el resto a otro tipo de discapacidades, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del 7% se realizará de modo que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sean para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto, para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
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