Temari de proves selectives 2024-2025 299 NORMAS A UTILIZAR - Constitución Española - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas - Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - Código Europeo de Buena Conducta Administrativa - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Recomendación del consejo de la OCDE sobre integridad pública - Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Islas Baleares - Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto - Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura - Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía - Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja - Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia - Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública - Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León - Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón - Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana - Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha LA BUENA ADMINISTRACIÓN ORIENTADA AL BIEN COMÚN El artículo 41 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, aprobada en Niza en diciembre de 2000, de aplicación en España por virtud del Tratado de Lisboa de diciembre de 2007, constituye un precepto de diferentes derechos ciudadanos, nada menos que de rango fundamental, los cuales, a lo largo del tiempo y en los diferentes ordenamientos, han caracterizado la posición central que hoy tiene la ciudadanía en todo lo que se refiere al Derecho Administrativo. El artículo 41 de la Carta Europea dispone que: “1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este derecho incluye en particular: - El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente. - El derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. - La obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzkyOTU=