Temari de proves selectives 2024-2025 300 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.” El derecho a la buena administración es el derecho fundamental de todo ciudadano comunitario a que las resoluciones que dicten las instituciones europeas sean imparciales, equitativas y razonables en cuanto al fondo y al momento en que se produzcan. Dicho derecho, según el citado artículo 41, incorpora, a su vez, cuatro derechos: - El primero se refiere al derecho que tiene todo ciudadano comunitario a ser oído antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente. Se trata de un derecho que está reconocido en la generalidad de las legislaciones administrativas de los Estados miembros como consecuencia de la naturaleza contradictoria que tienen los procedimientos administrativos en general, y en especial los procedimientos administrativos sancionadores o los de limitación de derechos. - El segundo derecho derivado del derecho fundamental a la buena administración se refiere, de acuerdo con el párrafo segundo del citado artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, al derecho de toda persona a acceder al expediente que la afecte, dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. Nos encontramos ante otro derecho de los ciudadanos en los procedimientos administrativos generales (art. 53 LPAC). - El tercer derecho que incluye el derecho fundamental a la buena administración es el derecho de los ciudadanos a que las decisiones administrativas de la UE sean motivadas. Todas las manifestaciones del poder público deben motivarse. La intensidad de la justificación dependerá de la naturaleza de los actos de poder. Si son reglados, la motivación será menor, mientras que, si son discrecionales, la exigencia de motivación será mayor. - El cuarto derecho reconoce el derecho a la reparación de los daños ocasionados por la actuación u omisión de las instituciones comunitarias, de acuerdo con los principios comunes generales a los Derechos de los Estados miembros. La obligación de indemnizar, en los supuestos de responsabilidad contractual y extracontractual de la Administración, está, pues, recogida en la Carta. LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA La ética pública estudia el comportamiento de las personas al servicio de las Administraciones Públicas en orden a la finalidad del servicio público que les es inherente.
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