Temari de proves selectives 2024-2025 307 • El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y las capacidades de gestión asociadas se desarrollará bajo el principio de mejor servicio ciudadano, proximidad y subsidiariedad. • Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos con estrategia y garanticen una orientación hacia los resultados ante la sociedad y hacia la generación de valor público como máxima garantía del fortalecimiento del sector público y de sus instituciones y organizaciones públicas. • Apuesta por una dirección pública y una gestión de los recursos humanos profesional como elemento clave de un adecuado funcionamiento de la Administración Pública. EL CÓDIGO EUROPEO DE BUENA CONDUCTA ADMINISTRATIVA El Código de Buena Conducta Administrativa de la UE, dirigido a las instituciones y a los órganos de la Unión Europea y aprobado por resolución del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001, es el instrumento de concreción del derecho fundamental a la buena administración establecido en el artículo 41 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de diciembre de 2000. El Código pretende definir en la práctica el derecho a una buena administración establecido en la Carta Europea. En su artículo 1 señala que las instituciones y órganos de la UE deben respetar los principios establecidos en el propio Código en sus relaciones con el público. El Código es de aplicación, según su artículo 2, a todos los funcionarios y agentes de la UE, de acuerdo con el Estatuto de la Función Pública Europea y el régimen jurídico aplicable a los agentes de la Unión. En el mismo artículo 2 precisa que entiende por “público” a toda persona física o jurídica independientemente de que resida o tenga su domicilio en un Estado miembro. El Código contiene los principios generales de buena administración aplicables a todas las relaciones entre las instituciones y el público: En el artículo 4 dispone que el funcionario actuará de conformidad con la legislación y aplicará las normas y procedimientos establecidos en la legislación comunitaria. En concreto, el funcionario velará por que las disposiciones que afecten a los derechos o intereses de los ciudadanos estén basadas en la ley y que su contenido cumpla la legislación. En su artículo 5 empiezan las referencias a los principios generales de buena conducta administrativa, que constituyen el corolario necesario del derecho fundamental a la buena administración de que disponen los ciudadanos de la UE. El primero de estos principios generales es el de igualdad o, en términos negativos, ausencia de discriminación. El principio se plantea en el marco de la tramitación de las solicitudes del público y en el ámbito de la toma de decisiones. En ambos casos, el funcionario debe garantizar el principio de igualdad de trato, que implica que los ciudadanos que se encuentren en la misma situación procedimental serán tratados de igual manera —“de manera similar”, dice el Código. En el caso de que se produzca alguna diferencia de trato, esta deberá ser justificada, motivada convenientemente en función de las características pertinentes objetivas del caso. Es decir, la motivación debe estar fundada sobre la realidad y las características pertinentes del caso y —lo que es más importante— debe fundarse objetivamente.
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